El tema de la calidad educativa particularmente para México tiene su arraigo en situaciones coyunturales. La apertura comercial de México a través del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, a principios de la década de 1990, mostró la necesidad de la educación superior de garantizar la competitividad de las Instituciones de Educación Superior (IES) mexicanas de cara a la de otros países.

El discurso de la calidad para la educación y su evaluación desde hace dos décadas se presenta en las “recomendaciones” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 1997), donde se percibe la necesidad de legitimar la distribución selectiva de recursos económicos al interior de las instituciones. Asimismo, la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO,1998) considera que para determinar la calidad de las instituciones –incluidas las educativas– se requiere de mecanismos de evaluación y de rendición de cuentas a la sociedad, a través de la evaluación de la educación –de los académicos y de las instituciones– lo cual, pese a la condición de algunas IES de ser autónomas, las somete a las políticas educativas (Varela & Valenti, 1998).

Entonces, referirse a la calidad de la educación implica hablar de indicadores como las tasas de reprobación, la deserción escolar, los resultados en exámenes nacionales o internacionales, la capacidad académica de la planta docente y su productividad, entre otros. El concepto de calidad se articula con el de evaluación y resuelve su significado construyendo neologismos como “evaluación de la calidad” o “medición de la calidad”. Es así que la calidad no da cuenta de procesos de formación en valores, formas de pensamiento, constitución de la personalidad, ni desarrollo de bienes culturales de un país o región. Es decir, la educación superior (ES) de calidad es pensada como un proceso que se construye a través de los actores que intervienen en esta pese a ver o no a los formandos como personas.

Así pues, este asunto de mostrar la calidad, se liga con la accesibilidad a los recursos financieros, lo que supone, que las instituciones que cuentan con recursos suficientes consoliden su calidad (Tapia, 2002) y es aquí donde las políticas educativas juegan un papel que en este texto se pretende analizar objetivamente, ya que en estricto sentido es donde aparecen las condiciones de exclusión, en el círculo vicioso de que las instituciones con menos recursos económicos están por debajo de los indicadores de calidad, por tanto obtienen menos recursos lo que les dificulta remontar sus condiciones.

Yarzábal (1997) define la calidad de la ES como “la capacidad para integrar armónica y diferencialmente los distintos componentes involucrados en toda acción educativa, incluyendo los aspectos éticos” (pág. 346).

Se ha comparado el concepto de calidad con un viaje cuya meta tiene que ser negociada siempre de nuevo por los viajeros. El reto entonces no es definirla objetivamente, sino “negociar prudentemente durante el proceso, dando cuentas de una forma apropiada a la sociedad entre lo que se recibe de ella y lo que se le devuelve” (Wesseler, 1998, pág. 56).

Tras largos debates entre estudiosos de la calidad de la educación superior en América Latina se llegó a la conclusión de que el concepto de calidad para ésta no existe como tal, sino como un término de referencia de carácter comparativo en el cual algo puede ser mejor o peor que otro dentro de un conjunto de elementos homologables; o en comparación con cierto patrón de referencia –real o utópico- previamente determinado. Por tanto, en rigor sólo se puede establecer que una institución es mejor que otra cuando son homólogas en sus fines, concordantes en su misión y se encuentran en un contexto similar. No obstante, la calidad se evalúa realizando evaluaciones arbitrarias y descontextualizadas sobre algunos elementos formales del sistema educativo. La evaluación implica medición de la calidad, considerando que debe ser contextualizada tanto intrínseca como extrínsecamente. Para que la evaluación tenga contenido social es indispensable que se generen endógenamente criterios propios de calidad; lo cual implicaría delimitar un campo de pertinencia propio, que si bien esté estructurado sobre la base del conocimiento universal reconozca las diferencias entre diversos tipos de instituciones y entornos que las delimitan (Yarzábal, 1997).

Hasta hace pocas décadas la calidad universitaria se supeditó al sistema científico teórico; hoy en día empero la calidad de la educación superior se define por las interacciones de la pertinencia entre el sistema universitario y el medio ambiente social, económico, tecnológico y cultural en el que se desarrolla, con lo que se espera se atiendan las necesidades de la sociedad (Wesseler, 1998).

Cuando se describe el ser y hacer de la ES se concibe a la calidad como un concepto dinámico y multidimensional, que incluye características universales y particulares que aluden a la naturaleza de las instituciones y de los conocimientos, así como a los problemas que se plantean en relación con los distintos contextos sociales en el marco de exigencias nacionales, regionales o locales.

Con este marco presentamos el análisis de una institución de educación superior pública mexicana que, de acuerdo con la información institucional disponible realiza su planeación y acciones para ser considerada una institución “de calidad”.

Políticas para la calidad de la ES

La institución es una universidad de sostenimiento público sujeta a una serie de programas y apoyos económicos para esa categoría, algunos de estos asociados con aspectos de calidad.

Las políticas y lineamientos para valorar la calidad de las IES mexicanas, provienen de entre otras instancias de:

La Subsecretaría de Educación Superior (SES), es el área de la Secretaría de Educación Pública encargada de impulsar una educación de calidad que permita la formación de profesionistas competitivos y comprometidos con el desarrollo regional y nacional, para contribuir a la edificación de una sociedad más justa (Subsecretaría de Educación Superior, 2017).

Para esta disertación tomaremos dos de las direcciones con que cuenta esta subsecretaría: 1. La Dirección General de Educación Superior de Profesionales de la Educación (DGESPE) la cual está encargada de proponer y coordinar las políticas educativas de educación superior para las instituciones formadoras de docentes, a fin de lograr óptimos niveles de calidad. Establece políticas y estrategias en el marco de la educación superior para la integración, evaluación y fortalecimiento del subsistema de educación normal, que contribuyan a elevar la calidad de la formación de los futuros profesores y de los profesionales de la educación, en congruencia con las políticas de la educación básica (Subsecretaría de Educación Superior, 2017).

Otra es 2. La Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) misma que participa en la elaboración y gestión de las políticas públicas vinculadas a la educación superior. Sus políticas y acciones se orientan a impulsar el desarrollo integral de las universidades públicas estatales y de apoyo solidario, a través de la gestión y distribución del subsidio federal, del diseño y operación de diversos programas relacionados con la oferta y asignación de recursos extraordinarios al presupuesto; el fortalecimiento institucional basado en la planeación estratégica de las instituciones, así como el mejoramiento de la calidad de los programas académicos, del personal docente y de la infraestructura educativa de nivel superior (Subsecretaría de Educación Superior, 2017).

La autoridad educativa federal evidencia la intención de dotar de elementos para ofrecer una educación superior de calidad, sin embargo, es cuestionable la forma de distribuir los recursos para lograrlo. De acuerdo con Gil Antón (2016), la desigualdad es la peor estrategia para ofrecer educación, y esta es la práctica más socorrida y opuesta a la pretensión expresada por la autoridad, por ello es necesario que:

la educación rompa la determinación del origen social sobre el destino laboral y el avance cognitivo […] la escuela para propiciar igualdad tendría que dar la mejor educación a los que más lo necesitan (en términos de infraestructura, de condiciones y riqueza de materiales y recursos pedagógicos). [sin embargo] A los que más tienen se les da la mejor educación –o la pueden pagar–, y a los que menos tienen se les da la peor educación (en línea).

De tal modo que en las universidades públicas estatales los apoyos extraordinarios son preferentemente para aquellos programas o profesores que obtienen los mejores resultados en las evaluaciones, por tanto, los programas y profesores con más áreas de oportunidad siguen arrastrando las deficiencias de materiales, infraestructura, mantenimiento, formación docente al no contar con recursos suficientes o las condiciones para solventar dichas deficiencias.

Además existen políticas educativas que se implementan a partir de programas, los cuales, si no son perversos, si tienen efectos adversos para el logro o mejora de la calidad, por ejemplo:

El Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2017, asignó para el año 2017 casi 83 millones de pesos [a universidades públicas], para acciones como la creación de nuevos campi, planteles o unidades foráneas, la creación de nuevos programas educativos, incremento de matrícula de programas que no se han evaluado y para el incremento de matrícula de programas que se han evaluado y has sido reconocidos por su buena calidad (SEP, 2017).

No obstante, el presupuesto ordinario de las instituciones no se incrementa en la proporción del aumento de la matrícula o la creación de estos nuevos espacios físicos y programas educativos, ni tampoco los recursos para hacer frente a las prestaciones pactadas en los contratos colectivos de trabajo convenidos con los sindicatos, lo que deviene en una incapacidad de las instituciones para realizar el pago de nómina de sus trabajadores, lo que pone en riesgo no solo la calidad sino la viabilidad de esas IES (Conferencia Nacional de Gobernadores, 2016).

METODOLOGÍA

Con base en una metodología cualitativa, de corte narrativo, en un estudio de caso (Stake, 2007), el objetivo es evaluar en una secuencia de acontecimientos, con un enfoque fenomenológico, el significado de la calidad y las decisiones que ello ocasiona al caso en estudio.

El acopio de información utilizó técnicas documentales y el examen de la información se apega al análisis del discurso, tanto de las políticas como de los programas gubernamentales y los documentos de la universidad estudiada. Con este método, el referente analítico, a la manera de Van Djik (2011), asume el preponderante papel que el contexto juega en las descripciones y explicaciones de los textos analizados. En el siguiente apartado se describe la institución que constituye el caso único bajo estudio.

El caso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

La responsabilidad social universitaria: decisión entre calidad o cobertura.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en los últimos cinco años, que corresponden al último periodo rectoral por finalizar en 2018, ha incrementado su matrícula en un 81% en relación al año 2012 (UAEM, 2017). En 59 unidades académicas, de las cuales nueve corresponden al Nivel Medio Superior, 18 son escuelas de Nivel Superior, 16 son Facultades, 11 Centros de Investigación, dos Centros de extensión y tres Institutos, se ofrecen 97 programas de licenciatura y 53 programas de posgrado, toda esta oferta corresponde a seis áreas de conocimiento.

La matrícula alcanza los 40,000 estudiantes. El porcentaje de dicha matrícula que estudia en lo que se denominan programas de licenciatura de calidad llega al 90%, en tanto que los programas de posgrado también reconocidos por su calidad son el 68.5% de éstos 37, cuatro son especialidades, 23 maestrías y 10 doctorados. Cabe aclarar que en México los organismos que otorgan el reconocimiento de buena calidad son: los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), los organismos avalados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), y el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

La UAEM ha orientado sus programas, proyectos y acciones con el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2012-2018 (UAEM, 2012), con lo cual ha obtenido los indicadores requeridos para ingresar en el mes de abril de 2017 al Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) situación que la ubica entre las mejores universidades del país.

Este consorcio opera bajo estándares de alta competitividad académica, mismos que consisten en lograr índices de egreso y tasas de empleo, superiores al 77% de sus egresados; contar con sistemas tutoriales para más del 85% de los alumnos en los que se incorporan hasta el 95% de los profesores de tiempo completo.

Por supuesto, los programas educativos debieron ser evaluados por organismos reconocidos por el sistema nacional de evaluación y acreditación. Así como la planta académica con un alto porcentaje de profesores de tiempo completo, de los cuales tres cuartas partes se requiere cuenten con estudios de posgrado y de ellos una cuarta parte tengan doctorado.

Las instituciones reconocidas por el CUMex desarrollan actividades mediante un enfoque de planeación estratégica y participativa a mediano plazo (CUMex, 2017).

Los aspectos mencionados en los párrafos previos y la incorporación al CUMex muestran la alineación de la UAEM a las políticas de calidad que el gobierno mexicano ha determinado convenientes –homogéneas-; aun cuando el presupuesto asignado no se ha incrementado.

La quiebra financiera de la institución

Desde el período rectoral del 2001 al 2007 se socializó a la comunidad universitaria las dificultades financieras que enfrentaba la institución para el pago de prestaciones mismas que implicaron el uso de recursos del presupuesto del año 2006 siguiente para el pago del aguinaldo de 2005 (Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2005). En ese mismo período rectoral del Fondo de aportaciones múltiples (FAM) -uno de los programas gubernamentales- se le autorizaron a la UAEM “$7, 550,000 para concluir la ampliación de la facultad de Comunicación humana (sic) y para construir la primera etapa de un edificio para laboratorios en Ciencias básicas” (UAEM, 2002, pág. 55). Es decir, pese a las dificultades para hacer frente a los gastos para el funcionamiento de la universidad se recibe “apoyo” para adquirir más compromisos al incrementar la infraestructura física que implica atender mayor cantidad de estudiantes con el consecuente aumento de pago a profesores y gastos de operación. También en ese período se realizaron acciones para demostrar la calidad de la formación que se ofrecía a los estudiantes a través del Programa Estratégico Integral para la Actualización y Acreditación de los Programas de Licenciatura y Posgrado que fue el primer Plan Maestro para Asegurar la Calidad de los Programas Educativos (UAEM, 2005) planteados al inicio del rectorado en el Programa Institucional de Desarrollo (PIDE). Los avances en este tema fueron la evaluación curricular y consecuente reestructuración de la mayoría –20- de los programas vigentes y la creación de dos nuevos programas en 2002 ya que, como afirmó el propio rector de ese periodo, aspectos como los que se mencionan a continuación podrían afectar la asignación del presupuesto ordinario desde la matrícula hasta la opinión de los empleadores sobre los egresados, pasando por la conformación de la planta académica, la deserción de los estudiantes entre el primero y el segundo año, la flexibilidad de los programas, el equipamiento de las instalaciones, la dimensión de las bibliotecas y, por supuesto, la evaluación de los programas por pares externos a la universidad (UAEM, 2003, pág. 14).

En el siguiente rectorado correspondiente al periodo 2007-2013, las decisiones y políticas institucionales siguieron en el mismo sentido, se trataba de aumentar la matrícula, evaluar los programas educativos, continuar con la construcción de nuevos edificios, utilizando recursos extraordinarios al presupuesto, provenientes de programas federales como el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), el Programa Integral del Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP) y el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES). Preocupación especial se dio en este período a la renovación de la normativa institucional lográndose la emisión de una nueva Ley Orgánica. Así mismo se construyó un Modelo Universitario con una orientación de desarrollo humano integral del estudiante procurando ofrecer un sistema que atendiera aspectos económicos, salud física y psicológica, y orientación académica. Un reto adicional, asumido por esta esta administración fue ampliar “la presencia universitaria en la entidad, mediante una estrategia de regionalización” (Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 14 de marzo de 2008, págs. 14-15), teniendo como base un convenio de apoyo extraordinario por parte del Gobierno del Estado de Morelos por 10 millones de pesos y el compromiso de la universidad de abrir cinco nuevas sedes en diversas regiones del estado con el consecuente aumento de obligaciones laborales para las que no se asignó un presupuesto ordinario.

No obstante, durante los períodos rectorales mencionados supra, la relación entre la universidad y el gobierno del estado era de colaboración y voluntad para atender los problemas estructurales que año con año demandaban solicitar apoyos extraordinarios para cumplir con los pagos de salarios y prestaciones a los trabajadores.

La otra cara de la política

Por razones “personales”, es decir por el interés del rector del período 2007-2013 por obtener una candidatura en la contienda política del 2012, presentó su renuncia con anticipación al término de su período, con lo que dio inicio un siguiente rectorado (2012-2018) el cual se ha caracterizado por una franca confrontación con el gobernador del estado. De tal manera que, al inicio de ese sexenio, las notas periodísticas registran que en el mes de julio de 2012, se llevó a cabo una movilización en la cual:

Unos 10 mil alumnos y empleados de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos marcharon ayer (7 de junio de 2012) en Cuernavaca para exigir a las autoridades ampliar el presupuesto de esa casa de estudios, cuyo déficit de 280 millones de pesos, aseguran, está a punto de paralizarla (Morelos, 2012, pág. 41).

Pese a las rápidas relaciones entre el gobierno del estado y la rectoría –cuya muestra es la entrevista-debate televisado el 26 de Agosto de 2016 en una televisora abierta de cobertura nacional- que evidencia el tinte político, en el aspecto académico este rectorado haciendo acopio de la ventajas que se pueden obtener de las políticas educativas emanadas del gobierno federal, que ofrecen alternativas para sortear las consecuencias de esta desafortunada relación, en particular las relativas al déficit histórico que se ha mencionado en los períodos rectorales anteriores, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos sigue presentando mejores indicadores de la calidad en prácticamente todas sus actividades y procesos, como los que le permitieron su ingreso al CUMex y el reconocimiento de estar en los primeros lugares de calidad a nivel nacional en términos de Capacidad académica ya que numéricamente muestra entre 2011 al 2017:

• Incremento del 76 al 85% en el porcentaje de profesores de tiempo completo que tienen posgrado.
• Incremento del 46 al 56% en el porcentaje de profesores investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Este sistema fue creado en 1984, para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología. El reconocimiento se otorga a través de la evaluación por pares y consiste en otorgar el nombramiento de investigador nacional. La distinción simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones científicas En paralelo al nombramiento se otorgan incentivos económicos a través de becas cuyo monto varía con el nivel asignado (Conacyt, 2017).
• Aumentó de 6 puntos porcentuales en el reconocimiento que otorga la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo superior (PRODEP). El valor de este último indicador le permite ser la universidad mejor posicionada en este rubro a nivel nacional entre las universidades públicas ya que indica que se cumple con las funciones de docencia, investigación, tutoría (para la formación de recursos humanos de calidad) y gestión.

Además, contar con el reconocimiento mencionado posibilita a los profesores investigadores concursar por apoyos económicos para equipamiento e investigación, lo cual significó:

• En 2011 alrededor de tres millones de pesos
• En los años 2015 y 2016 fueron 25 y 22 millones de pesos respectivamente.

No obstante estos resultados, otra política de asignación de recursos para los estímulos económicos del personal docente disminuyó de 2015 a 2016 en un 49%, lo que detonó la decisión de la rectoría por invertir recursos económicos manteniendo los estímulos otorgados a los profesores investigadores con la parte que otorga el gobierno federal complementando con recursos de las exiguas finanzas de la universidad (UAEM, 2017).

Asimismo, se ha apostado por seguir incrementando la cobertura, siguiendo con la perspectiva del programa de regionalización, salvo que ahora se recurre a fondos de programas federales como el ya mencionado Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior. Además se espera la respuesta de un programa federal de rescate financiero de las universidades públicas que solvente el déficit presupuestal y permita a las IES operar en mejores condiciones para no solo ampliar la cobertura sino mantener las condiciones para que el proceso formativo sea de calidad (U2000, 2017).

DISCUSIÓN

Con el propósito de hacer un balance entre las políticas y las condiciones de la universidad bajo estudio y evaluar la secuencia de acontecimientos del significado de la calidad y las decisiones que han tomado los rectores en distintos momentos en el caso en estudio, nos auxiliamos en la teoría del contexto y por tanto son las condiciones situacionales las que acotan el significado de los términos empleados en el discurso (Van Dijk, 2011, pág. 33). El término calidad como se dijo al inicio del texto, se concibe como un viaje que debe ser negociado por los viajeros, por lo que se han dado a conocer las intenciones, los conocimientos y la posición social de los participantes.

Es evidente que la universidad como institución y como un caso bajo estudio padece las contradicciones de las políticas educativas, a la vez que sus actores toman decisiones apostando a todas las propuestas que vienen de la autoridad estatal o federal cuando sus formas de interacción le facilitan lograr sus fines.

Como se documentó en el texto, en un período de 17 años, la institución ha mantenido la tendencia en aumento de un déficit presupuestal el cual paulatinamente ha provocado tomar acciones en búsqueda de soluciones, es así que los universitarios, en los tres periodos rectorales que se documentan, han salido a la calle a solicitar los recursos para operar y seguir formando profesionales, con pocos resultados que garanticen una estabilidad laboral de sus trabajadores. Al tiempo que se ha seguido incrementando la matrícula y la apertura de nuevas sedes y campi.

Las categorías de situación que orientan el análisis del discurso de los informes rectorales revisados son: los objetivos del rector como representante y gestor de la institución y el rol formal de rector y el gobernador.

El rector como representante institucional de la UAEM en el discurso asume su compromiso con la sociedad de ofrecer educación superior de calidad. Cada uno de los tres rectores en juego, con su respectivo gobernador desempeñan sus roles y funciones. En un marco de formalidad y de colaboración para el caso de los períodos 2000-2007 y 2007-2013. Sin embargo, para el último período no se respeta el rol formal y se suceden una serie de acciones y reacciones por ambos actores que deterioran la relación y por tanto las posibilidades de apoyo de las dos instancias. Aquí las políticas educativas federales cobran vital importancia, ya que permiten que pese a la ruptura de las vías formales de colaboración, la universidad reciba ingresos, presupuesto y apoyos extraordinarios con los cuales resuelve día con día sus compromisos con los trabajadores y proveedores, lo cual provoca un empoderamiento del rector en turno con el respaldo de la autonomía universitaria, frente a la autoridad estatal.

En este sentido esta universidad ha tratado de realizar sus funciones con los recursos ordinarios y ha realizado las gestiones para obtener los recursos extraordinarios necesarios, esta actividad demanda un trabajo que distrae a los funcionarios académicos, léase directivos de las unidades académicas de las actividades que procuran la mejora de la calidad. Y aun así se han logrado alcanzar indicadores de calidad altos, ya que como se ha mencionado la UAEM en cuanto a los criterios de calidad vigentes, se encuentra entre las mejores universidades del país.

Es menester enfatizar que en la situación contextualizada, el elemento diferencial son los actores y la forma como se relacionan, sus características personales así como sus aspiraciones políticas han influido en la manera cómo se lleva a cabo la interacción (Van Dijk, 2011, pág. 91). Como ejemplo de lo anterior, el rector del período 2012-2018 ha ampliado el “espacio” de la universidad y ha hecho suyos espacios de luchas sociales, lo que provoca algunas estructuras en el discurso en el que se exige justicia para la comunidad en general, avalado en el concepto de responsabilidad social universitaria²
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